Una defensora de oficio que va por la Procuraduría
Hace poco más de tres lustros Marisela Morales enfrentó a su primera banda de delincuentes. En 1993, la mujer que fue ayer nominada como procuradora general de la República por el presidente Felipe Calderón y que espera la ratificación del Senado, era una abogada recién titulada que ingresó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en donde le tocó investigar un homicidio en el que tuvo que convencer a una testigo presencial de declarar en contra del asesino, pese a que esa mujer estaba amenazada por una pandilla de Coyoacán.
“Cuando los abogados estaban muy convencidos de que su cliente iba a salir libre presentamos de manera sorpresiva a la testigo y logramos que esta persona, que era muy peligrosa y que ya había matado a un muchacho de 15 años a puñaladas, quedara preso. Después tuve amenazas por parte de esa pandilla, que nunca pasaron a mayores. Yo quedé muy satisfecha de haber sacado de la calle a esa persona”, recuerda.
Sin embargo, antes de que Marisela Morales estuviera del lado de los que investigan y acusan, trabajó como defensora de oficio.
“Comencé en la defensoría de oficio del fuero común en el Reclusorio Preventivo Oriente. Ahí hice mi servicio social cuando estaba estudiando la carrera. Después de seis meses de servicio social hice mi examen para obtener la plaza de defensora de oficio; lo aprobé y fui contratada”, recuerda.
Al inicio de los 90, Morales tenía ya tres responsabilidades: estudiaba en la Facultad de Derecho de la UNAM, trabajaba como defensora pública y se hacía cargo de su primer hijo.
“Ahí se hace una labor humana y de servicio social muy importante. Obviamente las personas que acuden a la defensoría de oficio no tienen posibilidades de pagar a un abogado; es gente humilde, muchas cometieron algún delito en estado de ebriedad. Son personas que necesitan ayuda. Muchas madres llegaban a pedir ayuda para liberar a sus hijos y, la mayoría de las veces, además de la asesoría legal, lo que más teníamos que brindarles era apoyo moral y sicológico. Había que dar asesoría en todos los delitos, desde homicidios hasta violaciones, robos, etcétera. Eso era como una escuela, por la diversidad de delitos que se ven en el fuero común se aprenden muchas cosas”.
En diciembre de 1992, un mes antes de terminar su carrera, renunció a la defensoría de oficio. Y dos meses más tarde, en febrero de 1993 era ya una abogada titulada. Para agosto, cuando le entregaron su cédula profesional, ingresó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) como agente del Ministerio Público.
Desde aquellos días en la Procuraduría capitalina a la fecha, Marisela Morales ha subido muchos niveles en el escalafón de la procuración de justicia, pero también ha pasado de enfrentar pandilleros de Coyoacán a peligrosas organizaciones criminales. Hoy sus enemigos no sólo están en las filas de los cárteles del Golfo, de Sinaloa, de Juárez, de Tijuana o en las organizaciones de Los Zetas o La Familia, sino también en las filas de las propias corporaciones policiacas del país, e incluso del Ejército.
El presidente Calderón le confió la conducción de la mayor acción anticorrupción en la historia de lucha antidrogas, la Operación Limpieza, en la que tuvo que perseguir a mandos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), personas con las que antes convivía casi a diario y que fueron compradas por las mafias que estaban obligadas a combatir.
Después de esa investigación, que culminó con el enjuiciamiento del ex titular de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, y media docena de mandos de esa dependencia, el Presidente la designó nueva subprocuradora de la institución, la primera mujer en encabezar la lucha antimafia en la historia de la PGR.
Curiosamente, Morales llegó a la PGR en 1997, luego de que un escándalo de corrupción, similar al que ahora le tocó investigar, había dejado muchas vacantes en el Instituto Nacional del Combate a las Drogas (INCD), el antecedente de la SIEDO.
Ella entró a la PGR con el rango más alto de Ministerio Público federal y de inmediato comenzó a trabajar conjuntamente con militares en labores del combate a las drogas.
En diciembre de 2005 salió por espacio de dos años de la PGR para realizar su maestría en Ciencias Penales, con Especialización en Ciencias Jurídico Penal y para tener a su segundo hijo. Regresó en mayo de 2008 como titular del área de tráfico de menores, indocumentados y órganos. Meses más tarde, fue ascendida al rango de subprocuradora a cargo de la SIEDO.
Durante el tiempo que ha estado en ese cargo ha recibido críticas y reconocimientos. Fuerzas políticas de oposición cuestionaron el trabajo de la Subprocuraduría en el caso conocido como michoacanzo, acusaron a la PGR, entonces dirigida por Eduardo Medina Mora, de utilizar a la dependencia para golpear políticamente al PRD, al acusar de nexos con el narco a alcaldes perredistas de Michoacán y colaboradores cercanos del gobernador Leonel Godoy.
Dieciséis meses después de que los funcionarios fueron detenidos, acusados de estar ligados a la banda criminal conocida como La Familia Michoacana, 34 de 35 servidores públicos fueron liberados pues la PGR no pudo comprobar sus acusaciones.
En otras ocasiones, senadores y diputados del PRI y el PRD han criticado el uso que la SIEDO ha dado al programa de testigos colaboradores. Legisladores han dicho que la dependencia hace un uso excesivo de esta figura para construir sus casos.
En contraste, el pasado Día Internacional de la Mujer, el gobierno de Estados Unidos entregó a Morales el Premio Internacional a las Mujeres de Valentía 2011. En la ceremonia, recibió el galardón de manos de la primera dama estadounidense Michelle Obama y la secretaria de Estado, Hillary Clinton resaltó su coraje para luchar contra las bandas criminales mexicanas y su aportación para la creación del programa de testigos protegidos.
Aporte de cCastro
